7 de mayo 2020

La delegación de Enseñanza se une a la protesta contra la ‘Ley Celaá’

Distintas agrupaciones y particulares exigieron en Twitter la paralización de la reforma educativa con el hashtag #StopLeyCelaa.

La delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena se ha sumado a la iniciativa nacional contra la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación) –conocida popularmente como ‘Ley Celaá’–, con una campaña en Twitter que el pasado lunes fue trending topic, con más de 105.000 tweets. Una quedada digital en la que se exigió la paralización de esta ley bajo el hashtag #StopLeyCelaa y en la que participaron particulares y agrupaciones de distintos tipos en contra de la propuesta ministerial.

La tramitación de la ‘Ley Celaá’ durante el estado de alarma ha sido una de las principales razones argumentadas para rechazar el cambio en la legislación educativa: “No creemos que sea ni la forma ni el fondo oportunos para la reforma de una ley de educación, da la impresión de que la ministra Celaá pretenda implantar, con nocturnidad, una ley que merece ser dialogada con todas las fuerzas políticas y estudiada con sosiego. Aprovechar el estado de alarma para tramitar estas leyes es un ejercicio de autoritarismo y no es la forma de proceder en democracia”, manifiesta el delegado de Enseñanza, José Ruiz.

Quienes participaron el lunes en la iniciativa contra esta reforma educativa –asociaciones, delegaciones de Enseñanza, federaciones, profesores, colegios, sindicatos, patronales y particulares– exigieron, también, que se tuviesen en cuenta derechos fundamentales como la elección de centros educativos por parte de las familias, el mantenimiento de los centros de educación especial y la dignificación de la clase de Religión, esta última petición reforzada con el hashtag #ReliEsMas: “Esta ley se escuda en una urgencia educativa que no existe; carece de consenso; asfixia el derecho a la libertad de enseñanza; restringe el derecho de las familias de elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos; relega la enseñanza concertada a un papel subsidiario y perjudica a los trabajadores de dichos centros; suprime las referencias a la asignatura de Religión; adopta medidas académicas contra el mérito y la excelencia; ataca el castellano; lleva consigo un adoctrinamiento ideológico; y presenta un atentado contra la educación diferenciada y la educación especial propugnando el cierre de centros”, expresa Ruiz.

En caso de aprobarse, la LOMLOE sería la octava ley en materia de educación de la democracia, un dato que José Ruiz resalta especialmente porque, en su opinión, pone de manifiesto la inestabilidad del sistema de educación y apunta a la necesidad de un pacto educativo que respete los derechos fundamentales. “Es necesaria una ley que sea dialogada con los agentes políticos y sociales, que sea estudiada con sosiego y consensuada, para poder generar un pacto educativo que suponga un proyecto de educación sin politizar ni ideologizado, que busque la formación integral de la persona, que respete el derecho de los padres a educar a sus hijos y que tenga en cuenta a los profesionales de la educación, que son quienes mejor pueden asesorar en este sentido”.

El día después de esta manifestación social en Twitter, la Mesa del Congreso aprobó una nueva ampliación del plazo para presentar enmiendas a la LOMLOE hasta el 13 de mayo.