Los últimos resultados del informe PISA han encendido, con razón, todas las alarmas en España. Comprobar cómo nuestros estudiantes retroceden en competencias tan básicas como las matemáticas o la comprensión lectora –llegando a situarse hasta un curso y medio por detrás de sus iguales en otros países de la Unión Europea– es un duro golpe con la realidad. Sin embargo, limitar el diagnóstico a los resultados sería un análisis superficial. Lo que verdaderamente se tambalea es la confianza en nuestro sistema educativo, la efectividad del modelo escolar y el papel del propio profesorado.

Pero la escuela no opera en el vacío. A esta crisis institucional se suma la progresiva ausencia de las familias en la educación en valores y la omnipresencia de las redes sociales, cuya sobreestimulación está mermando de forma crítica la capacidad de atención de las jóvenes generaciones. Pretender que la escuela resuelva en soledad lo que la sociedad desatiende fuera de ella resulta tan injusto como inútil.

Entonces, ¿cuál es la solución? No existen recetas mágicas ni reformas milagrosas. Además, del mismo modo que el origen del problema no se debe a una única causa, la solución exige el compromiso sincero y la participación activa de todos los agentes: administración educativa, universidades, docentes, familias y los propios alumnos.

La sociedad en su conjunto debería tener claro que el futuro de nuestras aulas no lo decide un informe, sino nuestra determinación colectiva para mejorarlas.