14 de mayo 2020

La Diócesis de Cartagena ofrece escucha y acompañamiento personal, psicológico, espiritual y jurídico a las víctimas de abusos

VI jueves de Pascua

Hoy se pone en funcionamiento la Delegación episcopal para la protección del menor y de los adultos vulnerables respaldada por un equipo de profesionales en diferentes ámbitos.

Siguiendo las indicaciones del papa Francisco, con el objetivo de erradicar los abusos sexuales a menores y adultos vulnerables que se pudieran cometer en el seno de la Iglesia, el obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, ha puesto en marcha en la Diócesis la Delegación episcopal para la protección del menor y de los adultos vulnerables. Esta mañana ha tenido lugar la presentación a los medios de comunicación, en la que el obispo ha comunicado el nombramiento de Gil Sáez Martínez, vicario Judicial, como delegado episcopal para este nuevo departamento diocesano.

El obispo ha manifestado su preocupación por este tema, “es una realidad muy dolorosa”, indicando que la Iglesia “sale al paso para ayudar y dar una atención cercana ante un acto criminal”, a través de un trabajo “multidisciplinar y complejo”. Mons. Lorca ha explicado que con esta delegación se pretende prestar ayuda, así como formar y concienciar sobre este problema. Ha explicado, además, que a inicio de este curso pidió a los sacerdotes de la Diócesis una “especial sensibilidad para salir al encuentro de las víctimas”.

La Delegación episcopal para la protección del menor y de los adultos vulnerables se encargará de ofrecer a las víctimas de abusos la posibilidad de ser escuchadas y acompañadas, para ello la Diócesis de Cartagena, a través de dicha delegación, ofrecerá atención a estas víctimas con acompañamiento personal, psicológico, espiritual y jurídico.

La primera tarea de la delegación será la elaboración de un protocolo de prevención, reparación, atención a las víctimas y su resarcimiento ante los daños que hayan sufrido. Un protocolo que debe ser integral y que establecerá el número de casos en los que se haya dado abuso sexual por parte de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos en la Diócesis de Cartagena desde 1950.

Entre los objetivos principales está el de escuchar a las víctimas y si no es posible llevar a juicio a sus agresores, en ninguna de las dos jurisdicciones, establecer mecanismos de justicia restaurativa. Otra de las tareas será implantar una línea de actuación para crear un código de conducta que afectará a toda la Iglesia diocesana, para evitar que los menores o los adultos vulnerables puedan ser atacados en su dignidad física y sexual; para ello realizará una formación permanente, tanto de los miembros de la delegación, como de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos comprometidos.

La delegación se encargará también de establecer los mecanismos de actuación para que cuando se presente una denuncia, ya sea reciente o antigua, se actúe de forma eficiente; concretará los mecanismos de reparación a las víctimas cuando se produzca la resolución canónica o civil sobre los hechos denunciados; acompañará a los agresores; realizará un informe anual sobre los casos atendidos por esta delegación y otro económico de gastos e ingresos; así como una evaluación anual para mejorar el funcionamiento de la delegación.

Junto a Gil Sáez, integrarán esta delegación diez personas más. La acogida la realizarán Fuensanta López Arnaldos y el sacerdote Fernando Valera Sánchez, quien también realizará un acompañamiento espiritual de la víctima durante el proceso. El asesoramiento y acompañamiento psicológico correrá a cargo de la psiquiatra Juliana Llorens Sáez y del equipo de psicólogos del Centro de Atención Integral a la Familia. El sacerdote Daniel Pellicer Monteagudo, defensor del Vínculo del Tribunal Eclesiástico, y el franciscano Miguel Ángel Escribano Arráez, juez del Tribunal Eclesiástico, serán los encargados del asesoramiento canónico; mientras que la abogada Remedios Martínez Lozano se encargará de asesorar a la víctima a nivel jurídico y será la representante ante la jurisdicción estatal. El sacerdote Francisco Azorín ejercerá como documentalista y lo relacionado con medios de comunicación correrá a cargo de la periodista María de León Guerrero, delegada episcopal para esta materia.

La Iglesia escucha y acompaña a la víctima

El proceso que realizará la Delegación episcopal para la protección del menor y de los adultos vulnerables se articulará en cinco pasos: contacto; acogida y escucha; diálogo e información; derivación a quien corresponda; y acompañamiento de la persona durante el seguimiento del caso y, si lo necesita, después de finalizar el mismo.

En primer lugar, la víctima contactará con la delegación a través de llamada telefónica o correo electrónico (se han habilitado dos números y dos cuentas de correo). La víctima podrá elegir si quiere que su primer contacto con la delegación sea a través de un hombre o una mujer. Fuensanta López Arnaldos y Fernando Valera serán las personas de contacto y también quienes acojan y escuchen a la víctima y establezcan con ella un diálogo para recabar información sobre los hechos y saber cómo se encuentra la víctima a nivel personal, psicológico, jurídico y espiritual. Le preguntarán qué quiere de la Iglesia e informarán sobre la ayuda que le puede proporcionar la Diócesis.

Las personas que acogen y escuchan a las víctimas, si ven que hay indicios de delito, y respetando siempre el derecho a la presunción de inocencia del presunto agresor, la derivarán a los profesionales de la delegación que corresponda: miembros del Tribunal, abogada, psicólogos o psiquiatra. Cada uno de estos profesionales estudiará la denuncia y explicará a la víctima, con total transparencia, los pasos a seguir a la hora de denunciar un caso de abusos sexuales.

Si comienza el proceso, un sacerdote y un psicólogo se ocuparán del acompañamiento espiritual y emocional de la víctima. Dicho acompañamiento podrá continuar en todo momento según la necesidad o a petición de la persona agredida.

Decreto de nombramiento del obispo de Cartagena

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